por Eduardo Bernal, La Voz:

Hace más de un año los electores del estado de Arizona aprobaron una ley que regula las prácticas codiciosas de negocios de préstamos.

Ahora, un legislador republicano desea que esta ley se revoque antes de que entre en vigencia el próximo 1 de julio y más de 3 mil personas pierdan su fuente de trabajo. Según Andrew Tobin, líder de la mayoría de republicanos en la Legislatura de Arizona, su iniciativa es para que más de 3 mil personas no pierdan su trabajo. Salvo que se la ley se modifique, esos negocios continuarían realizando préstamos de corto plazo y con elevadas tasas de interés. Del mismo modo, el legislador explicó que existe una demanda aparente para préstamos y que el estado no debería prohibir su existencia ni cohibir a los consumidores de que soliciten dichos préstamos.

El pasado jueves 14 de enero, un grupo bipartidista de ambas cámaras del Congreso estatal, en conjunto con activistas comunitarios, decidieron unir fuerzas para abolir esta propuesta de ley patrocinada por Tobin.

“Antes del año 2000, la tasa de interés dentro la ley de usurería en Arizona era del 36 por ciento, luego el estado decidió crear una disposición que permitiría a los negocios ‘payday loans’ cobrar un interés más alto […] ese experimento falló”, explica el líder de la mayoría del Senado, Chuck Gray.

En su visión, el hecho de que estas compañías cobren 400 por ciento de interés, presionando a las familias con ese tipo de deudas en esta etapa de crisis económica es irresponsable.

Aunque Tobin explica que la propuesta HB 2161 es distinta a la que los votantes rechazaron en el 2008, un análisis de la misma demuestra que algunas de las provisiones son exactamente las mismas.

Según David Higuera, consejero político de la organización Arizonenses para Prestamos Responsables, los votantes del estado de Arizona ya rechazaron la propuesta de ley en el 2008 por un margen de 60 por ciento en contra, lo que representa alrededor de 1.3 millones de personas.

“El hecho de que el representante Tobin quiera cambiar la voluntad de la gente y busque darle prioridad a las compañías prestamistas es irresponsable. Creemos que estos negocios deberían acatar la ley y no cobrar más del 36 por ciento en tasas de interés bajo ninguna circunstancia”, explica Higuera.

Debbie McCune Davis, senadora de Phoenix por el distrito 14, explica que al igual que la propuesta 200, la HB 2162 ofrece falsas reformas mientras clandestinamente trata de beneficiar a compañías prestamistas.

“Los electores ya votaron sobre este tema y la voluntad de la comunidad debería ser respetada”, explico la legisladora.

Daniel Patterson, representante del distrito 29 en Tucson, Arizona, declaró en conferencia de prensa que el representante Tobin, quien no cuenta con otro co-patrocinador de la propuesta, no respeta la voluntad de los electores.

“Las familias de Arizona ya se hicieron escuchar, dijeron que no quieren más prestamistas depredadores que dañen la economía estatal con sus prácticas”, enfatiza Patterson.

En este respecto, Higuera explica que la economía es afectada ya que una familia que está pagando 400 por ciento en tasas de interés limita su consumo en bienes y servicios, lo cual podría contribuir en la reactivación de la economía local.

“Por ejemplo, por un préstamo de 300 dólares el deudor debería pagar 800 dólares, lo cual es ridículo; la gente cree que este es un buen negocio en corto plazo, pero luego se dan cuenta que realmente no vale la pena porque terminan pagando cuatro veces más el total de la deuda”, expone el representante de Arizonenses para Prestamos Responsables.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, en las próximas semanas el Comité en Banca y Seguros se reunirá para discutir la propuesta, ellos decidirían si es viable una reforma que beneficie a los “payday loans”.

“El costo de mantener esta industria como esta, aun perdiendo puestos de trabajos –- que en realidad las estadísticas demuestran que el promedio de estadía de un empleado en su puesto no es mayor a un año –  es más alto que los beneficios”, dijo Higuera.

En cuanto a lo que la comunidad puede hacer para evitar que la voluntad de la comunidad sea revocada, Higuera explica que todos deberían estar alertas de lo que se está discutiendo en el Comité en Banca y Seguros y presionar a los legisladores de cada distrito para que esta disposición no pase a votación.

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